Bajo el lema No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, desde Societat Civil Catalana (SCC) hemos convocado una manifestación unitaria a las 12 horas de hoy en el barcelonés Paseo de Gràcia con la calle Provença, en respuesta a lo que constituye una falta de respeto a la ciudadanía constitucionalista. Si no se respetan los principios básicos del Estado de Derecho, del marco constitucional y del ordenamiento jurídico, no puede haber democracia. Con la concesión de una eventual amnistía lo que se pretende es anular el delito cometido en 2017 por las autoridades autonómicas de Cataluña y soslayar las graves consecuencias que tuvo aquél intento de insurrección.

Las traumáticas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que un Parlament secuestrado por el separatismo aprobó las surrealistas leyes de desconexión y del referéndum, significaron el primer acto ilegítimo de los muchos que vendrían después: la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración de independencia y la huida de España de Carles Puigdemont y de otros responsables de la agresión al orden constitucional.

La firme respuesta del Estado de Derecho -el discurso del Jefe del Estado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, el apoyo del principal partido de la oposición a esta medida y la impecable actuación del Poder Judicial- restauraron la legalidad en Cataluña.

No obstante, aquellos hechos derivaron en una grave fractura política, económica y, sobre todo, social. En las elecciones generales del 23 de julio todos los partidos delimitaron claramente las líneas rojas en torno a la amnistía y la autodeterminación. Sin embargo, tras los comicios, se dibuja un escenario endiabladamente complejo en que los siete diputados secesionistas de Junts aparecen en escena como la guinda que corona el pastel de una investidura que desemboque en un Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, con el apoyo de ERC, PNV, Bildu y BNG.

Indicios reveladores sobre una eventual amnistía sugeridos por el propio presidente del Gobierno en funciones y, sobre todo, la indignante reunión de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, acordando con un prófugo de la Justicia sus condiciones para favorecer la investidura del presidente del Gobierno de España, colocan al Estado de Derecho en entredicho y en una situación extrema. Es en ese momento cuando la Junta Directiva de Societat Civil Catalana tiene claro que es urgente adelantarse a los acontecimientos para presionar a la clase política y para denunciar en las calles el atropello que supondría la concesión de impunidad a una minoría a cambio de siete votos en el Congreso de los Diputados.

La decisión se adoptó por mayoría en una Junta extraordinaria de SCC celebrada el 11 de septiembre por la tarde noche. Desde el primer momento, tuvimos claro que era una movilización por y para la sociedad civil, para la ciudadanía, y que todos aquellos dirigentes políticos que decidieran asistir deberían hacerlo a título personal, como un ciudadano más.

Éramos conscientes de que esta decisión podría generarnos incomprensiones y presiones, pero también tuvimos claro aquella misma noche que no nos dejaríamos instrumentalizar, que la manifestación sería transversal y que haríamos un llamamiento a toda la ciudadanía al margen de las siglas de los partidos políticos.

El azar ha querido que esta gran manifestación coincida con el sexto aniversario de la histórica movilización convocada por SCC el 8 de octubre de 2017. El fatídico 1 de octubre, tras unas primeras horas de enorme desconcierto y tristeza, llamé a los miembros de la Junta Directiva de SCC para proponer una gran manifestación constitucionalista el domingo 8 de octubre para poder expresar en las calles nuestro hartazgo con el atropello independentista. La iniciativa se aprobó y lo que vimos el 8 de octubre de 2017 en las calles de Barcelona fue la Cataluña real, silenciada durante décadas por la Cataluña oficial.

Con la misma certeza de entonces, hoy sabemos que nos encontramos ante otro punto de inflexión que nos obliga a salir a la calle a defender la igualdad, la libertad y los derechos de todos los ciudadanos. Un Estado no puede conceder privilegios ni impunidad a cambio de votos. Una democracia no acepta chantajes de una minoría radical que busca la ruptura de la convivencia. Hoy, los demócratas defenderemos en Barcelona los valores que nos unen. No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación.

Álex Ramos Torre

Médico

Vicepresidente de Societat Civil Catalana

EL MUNDO: Por qué no en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación