El Tribunal de Cuentas ha soslayado la ley de amnistía recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados y ha reactivado la causa contra los máximos responsables del procés por el supuesto desvío de fondos públicos para la «acción exterior» y la organización del referéndum ilegal de 2017. Societat Civil Catalana demandó ante el TCu a once líderes nacionalistas, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, para que devuelvan a las arcas públicas un total de 5 millones de euros malversados en actividades ilegales que sólo sirvieron para dividir a los catalanes y arrastrarnos hacia la decadencia económica y social.
Como acusación popular, y en respuesta a la petición que hoy nos ha trasladado el Tribunal de Cuentas, en breve remitiremos al órgano fiscalizador el informe con nuestras conclusiones. También el Ministerio Fiscal deberá presentar su escrito en un plazo de diez días. La consejera del Tribunal de Cuentas encargada del procedimiento ha dictado esta resolución después de que el pasado mes de enero rechazara la petición de los encausados de ERC, que pretendían suspender la causa amparándose en la tramitación de la proposición de ley de amnistía. Una ley que consideramos inconstitucional dado que atropella valores y principios constitucionales fundamentales, como la igualdad entre todos los españoles, con el propósito de otorgar privilegios e impunidad a condenados y prófugos de la Justicia.
Es obligación de todos los demócratas defender el Estado democrático de derecho de las continuas agresiones del nacionalismo y de quienes, por cálculo partidista, anteponen sus intereses al bien común. Por ello, además de nuestra actuación en el Tribunal de Cuentas, estamos también personados como acusación en el caso Tsunami Democràtic que instruye la Audiencia Nacional, en la causa especial por terrorismo contra Carles Pigdemont abierta en el Tribunal Supremo, y en el caso Voloh.
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