Con la aprobación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso, los diputados de los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Sumar, BNG, Unidas Podemos y el exministro José Luis Ábalos han abaratado los delitos de terrorismo, malversación y traición con el propósito de conceder impunidad a condenados y prófugos, a quienes han otorgado, incluso, la prerrogativa de fijar el alcance de sus privilegios. Todas las instituciones del Estado se ven afectadas por una medida innecesaria, inconstitucional e inmoral que conducirá a otro intento de ruptura de la legalidad, como pregonan desacomplejadamente los líderes del secesionismo catalán.
Desde la propia sede de la soberanía nacional, y con el único objetivo de mantenerse en el poder, la mayoría parlamentaria ha forzado una crisis del Estado social y democrático de derecho, socavando principios constitucionales tan fundamentales como la solidaridad y la igualdad entre los españoles. No hay seguridad jurídica sin el sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Ley. Es rotundamente falso que se legisle en beneficio de la convivencia. Borrar delitos para conservar el poder es una traición a la democracia que la Justicia, la Unión Europea y los españoles no permitiremos.
La legitimidad de todos los poderes públicos está delimitada por un sistema de contrapesos que garantiza su propia fortaleza. El espectáculo antidemocrático de una clase política amnistiándose a sí misma es alarmante. Años de uso partidista y politización de las instituciones, junto a los continuos intentos de eludir los imprescindibles mecanismos de control, han conducido a una merma de las garantías constitucionales.
Para amnistiar a los responsables de la insurrección de 2017, la mayoría del Legislativo ha ignorado la división de poderes. Resulta inconcebible y letal para el Estado de derecho que desde el Ejecutivo se asuman unos postulados perversos en aras de un beneficio partidista y se proyecte la sombra de la sospecha sobre la independencia del Poder Judicial, llegando a aceptar que jueces y magistrados queden supeditados al control del Congreso a través de unas comisiones parlamentarias que no tienen otro fin que amenazar y coaccionar a servidores públicos.
Como consecuencia de una Transición modélica, durante décadas hemos dado por sentado que las urnas por sí solas garantizaban nuestros derechos y libertades. Ahora somos conscientes de que, o defendemos la democracia día a día, o nos la acabarán arrebatando.
En un momento gravísimo de nuestra historia, SCC se compromete a mantener la batalla en los Tribunales, en la calle y en Europa para que el terrorismo, la malversación, la traición y la sedición sigan siendo lo que siempre han sido: gravísimos delitos sobre los que no es posible pasar página. Sólo cabe rendir cuentas ante la Justicia.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana