La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado por amplia mayoría, 12 votos frente a 3, que los graves disturbios acontecidos en Cataluña en 2019 tras hacerse pública la sentencia del procés, deben ser investigados como delitos de terrorismo y no como desórdenes públicos. La Fiscalía del Supremo da así la razón al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien ve indicios de terrorismo en la actuación, entre otros, de Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde 2017.

También Societat Civil Catalana, personada como acusación en la causa Tsunami Democràtic a través del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, ha alegado en diferentes ocasiones que aquellos hechos violentos contra personas e infraestructuras esenciales podrían ser “perfectamente calificables como actos de terrorismo”. El expresidente catalán habría liderado las revueltas desde Bélgica por su ascendencia sobre otros dirigentes políticos y sociales también investigados en el caso, como Marta Rovira y Ruben Wagensberg, ambos huidos a Suiza para evitar responder por este caso.

Ante el intolerable ataque a jueces y fiscales perpetrado desde un sector del Poder Legislativo con el propósito de degradar el Estado de derecho y las bases de nuestra democracia, desde SCC reiteramos nuestra plena confianza en la Justicia española y en el Derecho europeo.