6 de septiembre de 2023
El separatismo no puede conseguir por la puerta de atrás lo que no logró en 2017: abrir un proceso constituyente ajeno a la voluntad del pueblo español
  • Sexto aniversario de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament de Cataluña

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament de Cataluña aprobó, gracias a la mayoría secesionista, las llamadas leyes de desconexión: la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que derogaba la separación de poderes y concedía total inmunidad al presidente de la Generalitat y a los miembros de su gobierno, dinamitando los pilares del sistema democrático y del Estado de derecho.

A la vista de los acontecimientos que marcan la actualidad política en España, es necesario reflexionar sobre la trascendencia de aquellos actos delictivos de inusual gravedad y sobre la firme respuesta unitaria del constitucionalismo que aplastó entonces el desafío.

En unas jornadas convulsas para la democracia española y europea, fueron los partidos de la oposición en el Parlament autonómico quienes en 2017 defendieron la Ley, el Estado de derecho y la convivencia social de la agresión de las propias instituciones autonómicas. Todas las fuerzas constitucionalistas, conscientes de la dimensión del ataque contra el ordenamiento jurídico, aparcaron sus legítimos intereses partidistas y alzaron la voz, unidos, en defensa de la Ley, la Justicia, la Libertad y la Igualdad. Societat Civil Catalana impulsó y organizó la histórica manifestación del 8 de octubre, que sacó a las calles de Barcelona a más de un millón de ciudadanos leales al marco constitucional y a las instituciones españolas.

La aprobación de las leyes de desconexión fue posible gracias a una reforma previa del Reglamento de la Cámara autonómica, que estableció un trámite exprés de lectura única, sin debate ni presentación de enmiendas. Para alumbrar su nuevo estado, de tintes claramente autoritarios, los separatistas silenciaron la voz de los partidos leales al marco constitucional y retorcieron los reglamentos en un intento de sortear los principios rectores del parlamentarismo democrático. A través de una argucia formal, una Cámara autonómica sacaba adelante una ley para impulsar unilateralmente un referéndum ilegal. 

Hoy, como hace seis años, el futuro de España se juega en el tablero catalán. La gran diferencia es que, en esta ocasión, el constitucionalismo, secuestrado por estrategias cortoplacistas, no parece capaz de ponerse de acuerdo para impedir un despropósito absoluto: que quienes huyeron de la Justicia o fueron condenados por sedición y malversación decidan sobre la gobernabilidad de España e impongan sus condiciones para negociar la investidura del presidente del Gobierno de España.

El separatismo no puede conseguir hoy por la puerta de atrás lo que no consiguió en 2017: abrir un proceso constituyente ajeno a la voluntad mayoritaria del pueblo español, sobre quien recae la soberanía nacional.

La ley de amnistía exigida por el prófugo Carles Puigdemont es incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Tampoco se puede negociar un referéndum que no tiene encaje jurídico en nuestra Constitución. Son líneas rojas insalvables.

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana

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