Elda Mata preside Societat Civil Catalana desde el mes de abril. Es empresaria, nacida en Barcelona y reside en una pequeña población de Girona. En los siete meses que lleva como presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata ha tenido que adaptar su agenda en diversas ocasiones, a golpe de actualidad. La más reciente, por el anuncio de supresión del delito de sedición; anteriormente, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la aplicación del 25% del castellano en las aulas catalanas.
El Parlamento Europeo enviará en 2023 una misión a Cataluña para evaluar la situación del castellano en las aulas. ¿Cómo valoráis esta decisión?Es una doble sensación. Por un lado, estamos satisfechos de que se investigue la situación, de que deje de haber impunidad, y cese el castigo a los alumnos catalanes que son considerados ciudadanos de segunda por la Generalitat por tener el castellano como lengua materna. Pero, por otro lado, como española, preferiría no haber llegado a este punto. Si se hubieran cumplido las sentencias en el marco del Estado de Derecho, no necesitaríamos que vinieran de fuera a cerciorarse de si estamos haciendo las cosas bien. No es un motivo de orgullo para España que tenga que venir una comisión de la UE porque no se cumple la ley en Cataluña.
La visita se anunció tras el encuentro de Escuela de Todos, en la que está integrada SCC, con representantes del Parlamento Europeo. ¿Cómo fue?Nos pidieron información: «Dadnos información. ¡No nos está llegando información más que de un lado!», nos dijeron. Piense que hace muchos años que el Gobierno de España no tiene un relato internacional que contrarreste la versión nacionalista. Creen que mientras no haya ningún país que reconozca una República independiente de Cataluña, está todo solucionado. Pero la realidad es que hay que contrarrestar la información absolutamente falsa que se está imponiendo.
¿Considera entonces que la situación en Cataluña no está normalizada?Existe interés en demostrar que sí, que en Cataluña la situación hoy se ha normalizado. Como no quemamos contenedores… Pero la realidad es que la falta de derechos sigue siendo la misma: la normalidad en los patios de las escuelas públicas catalans sigue sin existir. Hemos de ser las asociaciones civiles quienes defiendan los derechos constitucionales de los hispanohablantes porque el Gobierno no lo está haciendo.
Y qué debería hacer el gobierno de España para defender esos derechos…Debería asumir sus responsabilidades como garante de los derechos y libertades de todos los españoles, incluidos –por supuesto– los españoles que vivimos en Cataluña. No podemos ser moneda de cambio, a cambio de nada. Llevamos decenas de años sin existir. Somos la sociedad civil, nosotros queremos vivir en Cataluña pero con los mismos derechos que todos los demás.
Sobre la aplicación del 25% de castellano en las escuelas, el TSJC ordena a los centros que apliquen la sentencia (lo ha solicitado en 26 escuelas, según datos de Educació) y el Constitucional revisará la nueva ley de Educación catalana. ¿Cómo lo están viviendo las escuelas?Estamos luchando escuela por escuela para que se aplique lo que obliga la sentencia del TSJC. Estamos totalmente indignados de que, tras un procedimiento que se inicia en 2010 y con una sentencia que obliga al 25% de castellano en 2022, no se cumplan las leyes. Cuántos niños, cuántos padres han sufrido personalmente la persecución del español que hay en Cataluña. Hablamos de un derecho fundamental, no de un capricho. En Cataluña hay alumnos discriminados por razón de lengua. Dónde está eso en nuestra Constitución.
Si analizamos los datos de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de Barcelona, cada vez menos jóvenes utiliza el catalán: el 53% lo utiliza muy poco o nada…El catalán se ha vuelto antipático, sobre todo entre los jóvenes, debido a la imposición. Cuando te obligan a algo, y aún más cuando eres joven, lo acabas rechazando. Me encuentro con muchas personas que me dicen: «Si me obligan, no pienso hablar catalán más». Y es una pena, es nuestra cultura. Los nacionalistas se preguntan ¿Por qué hablan en español? Pues porque lo sienten, porque es su idioma. Acaso se nos ha ocurrido a nosotros decir: tú no puedes hablar catalán en el patio. ¡Es que no se nos ocurre!
Desde que llegó a la presidencia de Societat Civil Catalana, uno de sus objetivos es recoser las relaciones entre los partidos constitucionalistas en Cataluña. ¿Está dando frutos?Sin duda la sociedad civil y los partidos políticos constitucionalistas compartimos el objetivo de revertir la situación en la Generalitat. Nosotros ayudaremos, pero sin mezclarnos. Los partidos políticos tienen sus propias estrategias y la sociedad civil debe ser fiscalizadora, para que cumplan sus programas. Sin duda, nos gustaría ver que, en las cosas fundamentales, los partidos constitucionalistas en Cataluña se ponen de acuerdo.
Tanto el Gobierno como la Generalitat defienden que eliminar el delito de sedición favorecerá el diálogo entre catalanes y también entre Cataluña y España. ¿Lo comparte?La supresión del delito de sedición acordada por el Gobierno de España y el de la Generalitat solo favorece el diálogo entre ellos. Entendemos que si esta decisión tuviera como objetivo una mejora de la legislación y del diálogo entre catalanes y entre catalanes y el resto de los españoles se hubiera llegado a un pacto de Estado y no a un acuerdo con un partido que promulga independizarse de España. Los derechos de los catalanes no son negociables. La supresión de la sedición es una moneda de cambio por unos votos en el Congreso.
¿Qué opinión le merece que se sume ahora la petición de ERC de reformar el delito de malversación?El nacionalismo no ha ocultado nunca su hoja de ruta. Después de 40 años de gobiernos que han cedido a las peticiones hechas desde la deslealtad no nos puede sorprender que estén ya trabajando en el siguiente punto de su lista. Es una muestra más de que el resultado de la política de apaciguamiento es el fracaso.
¿Cree entonces que el Gobierno allana el camino a nuevos desafíos independentistas?El independentismo no necesita que se le allane el camino para continuar desafiando al Estado de Derecho. Adaptarán su estrategia a las condiciones que haya en cada momento. La gravedad de la supresión del delito de sedición radica en el debilitamiento del Estado al restarle herramientas para su defensa.
Y ¿por qué Carles Puigdemont y Junts rechazan que se elimine el delito de sedición?Enmarco las declaraciones de rechazo de Junts y de Carles Puigdemont en la estrategia que, como siempre, más convenga a su interés personal y partidista.
¿Por eso SCC calificaba a los nacionalismos de «insaciables» en su último comunicado?El nacionalismo es una ideología supremacista y excluyente. Y si un gobierno está supeditado a una ideología nacionalista deja de tener como objetivo el bienestar y el progreso de todos sus ciudadanos, propiciando la decadencia económica y social.
El PP propondrá que la sedición se mantenga como ilícita y «se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal». ¿Lo consideran suficiente? No entramos a juzgar si los partidos deben ir más o menos lejos en sus iniciativas, si no en instarles a que reflexionen sobre propuestas globales que refuercen la responsabilidad del Estado en cuanto a perfeccionar el marco legal que delimite los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos en un estado democrático.
20 MINUTOS. Entrevista: Isabel Serrano. Fotografía: Miquel Taverna