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Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentan alegaciones para que el Tribunal de Cuentas investigue los gastos del referéndum ilegal del 1-O

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado este lunes alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para que se proceda a investigar los gastos que llevó a cabo el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo de gobierno, en relación a la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre de 2017.

A finales del año pasado, las dos entidades presentaron una denuncia ante este tribunal al considerar que fue una votación ilegal, teniendo en cuenta que fue suspendida por el Tribunal Constitucional previamente. En aquel escrito se reclamaban casi 90 millones de euros a los responsables de la organización de aquella jornada, que incluían no sólo los gastos que conllevaba celebrar la votación, sino también todos los costes que derivaron al tratarse de una actividad claramente ilegal.

Recientemente la Generalitat ha reclamado al Tribunal de Cuentas el archivo de la causa y Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han decidido presentar alegaciones al considerar que debe ser investigada. Sostienen que existen irregularidades por haber destinado dinero público para la celebración de una votación previamente suspendida y además responsabilizan a Puigdemont y a todo su equipo de gobierno de los gastos que se generaron desde el Gobierno de España, principalmente para el desplazamiento de agentes de policía a Cataluña, para evitar que se hiciera efectiva esta actividad ilegal.

Tal y como ocurrió en su momento con los gastos del 9-N, donde el Tribunal de Cuentas condenó a los responsables, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución consideran que hay indicios de la responsabilidad contable en relación a todos los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O. Las dos asociaciones han dejado claro que no tienen ninguna intención de judicializar la política, pero también se han mostrado muy contundentes en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Consideran que sin respeto a la ley no puede haber democracia y que siempre serán inflexibles en el momento en que se produzca cualquier vulneración al respecto.

Editorial SCC

Jóvenes disidentes en la UAB.

Viernes, Diciembre 16, 2016 - 20:45

En un contexto en que el espacio público en general y el educativo en particular están  copados por el nacionalismo, la emergencia en el campus de Bellaterra de un pequeño colectivo de estudiantes que alza la voz en defensa de la convivencia de Cataluña con el resto de España ha resultado imposible de digerir para los cachorros más reaccionarios del separatismo y del (sorprendentemente) autodenominado “antifascismo” que hasta ahora, y desde hace demasiado tiempo, campaban a sus anchas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde que se constituyó (hace unos pocos meses), la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de esta universidad (SCC-UAB) ha sufrido tantas agresiones como iniciativas públicas ha promovido. Los integrantes de todas las carpas desplegadas han sido ferozmente increpados, como se puede ver en este ilustrativo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI).




Mejorar España o Destruir Cataluña.

Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 18:23

Desde Societat Civil Catalana queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que una parte significativa de las cargos y autoridades locales y autonómicos en Cataluña estén utilizando impropiamente su poder para emprender acciones manifiestamente ilegales incurriendo, a la vez, en un evidente despilfarro de recursos públicos. Nos parece especialmente condenable la vulneración del principio democrático de neutralidad de las instituciones, en las que con frecuencia los símbolos partidistas desplazan a los oficiales de todos los catalanes, se hacen apelaciones a la desobediencia y a la transgresión de las leyes y resoluciones de los órganos judiciales y se fomenta el desprecio al actual marco constitucional tratando de devaluar su trascendencia y relevancia.

El populismo nacionalista está incurriendo en un claro y manifiesto abuso del poder que detenta. Sus dirigentes públicos se aprovechan del cargo y de las atribuciones inherentes al mismo frente a los que se encuentran en situación de dependencia o subordinación y tratan, además, de influir en los ciudadanos en beneficio de una determinada ideología. Es corrupción política de tintes totalitarios.  




Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat.

Miércoles, Septiembre 28, 2016 - 23:08

Societat Civil Catalana muestra su preocupación por el plan de gobierno que ha presentado hoy Carles Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña.

En su intervención el Sr. Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat ya trabaja en la elaboración de todo aquello que es preciso para proceder a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un desafío expreso no solamente a la Constitución sino también al Tribunal Constitucional, quien ha anulado la hoja de ruta secesionista y ha prohibido que se dé cualquier tipo de apoyo al proceso de secesión.

El proyecto de gobierno que se ha presentado ante la Cámara autonómica no es más que el detalle de un golpe de Estado que implicaría la ruptura unilateral de la soberanía española y el intento de imponer sobre Cataluña y los catalanes la autoridad de los secesionistas en contra tanto del Derecho interno como del Derecho internacional.




El desafío separatista y la gobernabilidad.

Jueves, Septiembre 1, 2016 - 14:23

De los muchos desafíos a los que se enfrenta España en estos momentos, el más grave es el que plantean los separatistas en Cataluña. Lo es, en primer lugar, porque afecta a la existencia misma de España como Estado y al mantenimiento de la comunidad política soberana que formamos todos los españoles; y en segundo término porque de consumarse el terremoto político anunciado por los nacionalistas catalanes los perjuicios económicos y sociales afectarían al conjunto de los españoles y a la estabilidad europea. Finalmente, lo es porque las administraciones públicas catalanas de una forma expresa han escenificado su rechazo a ser consideradas ya como administraciones españolas y aparentan actuar como instituciones de un Estado independiente.




 

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