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Societat Civil Catalana asegura que el único relator válido es la Constitución y recuerda que los partidos secesionistas ni siquiera representan a la mayoría de los catalanes

Societat Civil Catalana asegura que la figura de un relator encargado de mediar en las reuniones entre PSOE y Podemos y los partidos secesionistas sólo comporta más enfrentamiento y división entre los catalanes. La entidad recuerda que la mayoría del pueblo catalán quiere continuar formando parte de España y no se siente identificada con el discurso rupturista de los partidos independentistas catalanes.

La asociación sostiene que cualquier propuesta de diálogo para resolver el conflicto actual requiere el máximo respeto al Estado de Derecho y la máxima predisposición a encontrar una salida que pueda satisfacer a la inmensa mayoría.

En una democracia constitucional como la nuestra la mediación a los problemas políticos está perfectamente establecida. La Constitución y las leyes democráticas son el instrumento de mediación que nos hemos dado entre todos para afrontar los desacuerdos políticos y sociales.

El cauce normal del diálogo son las instituciones democráticas y éstas tienen establecidos sus mecanismos de diálogo político y reforma. Lo adecuado sería, por tanto, un amplio diálogo sereno y constructivo en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los diputados, tal como promovieron los partidos constitucionalistas en el otoño de 2017, porque la única tutela posible al diálogo es el de la soberanía nacional. De hecho, podría tener sentido compaginar este debate político sereno en el Congreso con una comisión política en el Parlamento catalán para abordar entre todos la crisis política que atravesamos.

Por otro lado, la entidad defiende que ha llegado el momento de fomentar la convivencia, la concordia y el entendimiento entre los catalanes impulsando medidas que respeten el Estatut de Catalunya, la Constitución y todo el marco legal. El método, por tanto, establecido para abordar esta situación no es el más adecuado y las fuerzas políticas secesionistas no cumplen con los requisitos indispensables para abordar este conflicto.

Editorial SCC

Jóvenes disidentes en la UAB.

Viernes, Diciembre 16, 2016 - 20:45

En un contexto en que el espacio público en general y el educativo en particular están  copados por el nacionalismo, la emergencia en el campus de Bellaterra de un pequeño colectivo de estudiantes que alza la voz en defensa de la convivencia de Cataluña con el resto de España ha resultado imposible de digerir para los cachorros más reaccionarios del separatismo y del (sorprendentemente) autodenominado “antifascismo” que hasta ahora, y desde hace demasiado tiempo, campaban a sus anchas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde que se constituyó (hace unos pocos meses), la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de esta universidad (SCC-UAB) ha sufrido tantas agresiones como iniciativas públicas ha promovido. Los integrantes de todas las carpas desplegadas han sido ferozmente increpados, como se puede ver en este ilustrativo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI).




Mejorar España o Destruir Cataluña.

Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 18:23

Desde Societat Civil Catalana queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que una parte significativa de las cargos y autoridades locales y autonómicos en Cataluña estén utilizando impropiamente su poder para emprender acciones manifiestamente ilegales incurriendo, a la vez, en un evidente despilfarro de recursos públicos. Nos parece especialmente condenable la vulneración del principio democrático de neutralidad de las instituciones, en las que con frecuencia los símbolos partidistas desplazan a los oficiales de todos los catalanes, se hacen apelaciones a la desobediencia y a la transgresión de las leyes y resoluciones de los órganos judiciales y se fomenta el desprecio al actual marco constitucional tratando de devaluar su trascendencia y relevancia.

El populismo nacionalista está incurriendo en un claro y manifiesto abuso del poder que detenta. Sus dirigentes públicos se aprovechan del cargo y de las atribuciones inherentes al mismo frente a los que se encuentran en situación de dependencia o subordinación y tratan, además, de influir en los ciudadanos en beneficio de una determinada ideología. Es corrupción política de tintes totalitarios.  




Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat.

Miércoles, Septiembre 28, 2016 - 23:08

Societat Civil Catalana muestra su preocupación por el plan de gobierno que ha presentado hoy Carles Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña.

En su intervención el Sr. Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat ya trabaja en la elaboración de todo aquello que es preciso para proceder a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un desafío expreso no solamente a la Constitución sino también al Tribunal Constitucional, quien ha anulado la hoja de ruta secesionista y ha prohibido que se dé cualquier tipo de apoyo al proceso de secesión.

El proyecto de gobierno que se ha presentado ante la Cámara autonómica no es más que el detalle de un golpe de Estado que implicaría la ruptura unilateral de la soberanía española y el intento de imponer sobre Cataluña y los catalanes la autoridad de los secesionistas en contra tanto del Derecho interno como del Derecho internacional.




El desafío separatista y la gobernabilidad.

Jueves, Septiembre 1, 2016 - 14:23

De los muchos desafíos a los que se enfrenta España en estos momentos, el más grave es el que plantean los separatistas en Cataluña. Lo es, en primer lugar, porque afecta a la existencia misma de España como Estado y al mantenimiento de la comunidad política soberana que formamos todos los españoles; y en segundo término porque de consumarse el terremoto político anunciado por los nacionalistas catalanes los perjuicios económicos y sociales afectarían al conjunto de los españoles y a la estabilidad europea. Finalmente, lo es porque las administraciones públicas catalanas de una forma expresa han escenificado su rechazo a ser consideradas ya como administraciones españolas y aparentan actuar como instituciones de un Estado independiente.




 

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