SCC radiografía la exclusión del español en Cataluña y pide su inmediata normalización en el espacio público.

 

La entidad constitucionalista presenta su primer Informe de Convivencia Lingüística, que retrata los desequilibrios en la política lingüística y cultural de la Generalitat y la aculturación institucional que sufren la mitad de catalanes. Sólo el 5% de las iniciativas de promoción lingüístico-cultural del gobierno catalán tienen base bilingüe. 

 

Hasta ahora podía ser una intuición. Ahora es ya una realidad demostrada. El Primer Informe de Convivencia Lingüística que ha llevado a cabo Societat Civil Catalana muestra con detalle el extrañamiento y la exclusión habitual que sufre el español en las políticas culturales y lingüísticas en Cataluña. Así, sólo un 5% de las iniciativas de promoción lingüística de la Generalitat tenían base bilingüe, mientras que todas las impulsadas por las administraciones del Estado en Cataluña lo eran. Como concluye el informe, “existe una desigualdad de trato por parte de las administraciones públicas catalanas a los ciudadanos en función de su lengua”.
 

De este modo, el 55% de catalanes, que tienen el español como lengua materna, viven un proceso de exclusión cultural o aculturación injustificado. De hecho, si nos ceñimos a los organismos públicos catalanes, hay 9 veces más iniciativas de promoción lingüístico-cultural per cápita para catalanohablates que para hispanohablantes. Durante los últimos tres meses, los hispanohablantes han quedado totalmente excluidos de las ayudas y subvenciones a la cultura, y no se ofertó ningún recurso cultural o lingüístico en español. Se genera así una clara asimetría, pues los proyectos culturales del Ministerio sí abarcan todas las lenguas del Estado.
 

Estas conclusiones se desprenden del primer Informe sobre Convivencia Lingüística en Cataluña, dirigido por la historiadora y antropóloga cultural Ángela Herrero y elaborado conjuntamente por un equipo de investigadores. El trabajo es la primera iniciativa del Observatorio de Convivencia Lingüística, que SCC puso en marcha a principios de 2020 como una “herramienta para registrar las políticas e iniciativas lingüísticas tanto públicas como privadas, y analizar sus efectos en la igualdad, la libertad y la convivencia, así como para consignar las quejas y conflictos, que por razón de lengua ocurran en Cataluña”.
 

El informe ha cuidado particularmente el rigor metodológico y la minuciosidad en la búsqueda de informaciones. De hecho, recoge tanto las quejas que se han producido entre catalanohablantes como las reclamaciones de personas castellanohablantes, independientemente de su ideología o de la naturaleza de la demanda.
 

El I Informe de Convivencia Lingüística ha procurado recoger todas las quejas y conflictos que la problemática lingüística ha generado durante los meses del confinamiento, desde ciudadanos que pedían información médica en español hasta otros ciudadanos que lamentaban que la Guardia Civil no les atendiera en catalán, pasando por las demandas de plataformas lingüísticas de distinto signo. Se han analizado 65 situaciones conflictivas.
 

Es llamativo que la mayoría de quejas y reclamaciones se han realizado -en sentidos opuestos- sobre las administraciones públicas. Como destaca Herrero, “son las administraciones públicas las que causan mayoritariamente las quejas, es así por lo menos para un 68% de las quejas hispanohablantes y un 78% de los catalanohablantes”. Más que de un conflicto social se trata, pues, de una problemática institucional, en tanto que las instituciones y su expresión lingüística no se adapta a la realidad social.
 

Entre los hispanohablantes las quejas mayoritarias se refieren a la falta de bilingüismo, mientras las demandas entre catalanohablantes proceden de la no utilización de la lengua propia. Entre los hispanohablantes la mayoría de peticiones proceden de ciudadanos de a pie, mientras que entre los catalanohablantes predominan las reivindicaciones de entidades lingüísticas y de representantes políticos.
 

Otra de las conclusiones del informe es la clara asimetría que existe en las políticas lingüísticas en Cataluña. El apartado 3.1 (Iniciativas lingüísticas y culturales) retrata la exclusión del español en las iniciativas culturales de la Generalitat. Sólo ha sido posible identificar un concurso bilingüe de la Generalitat estos últimos meses (de los FGC), que contrasta con los 68 proyectos de fomento del catalán que se aprobaron durante 2019 y con la frenética actividad de diversos entes de la Generalitat para impulsar la lengua propia durante el tiempo del confinamiento. 
 

El Informe describe detalladamente estas iniciativas desarrolladas por la Conselleria de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes, la Direcció General de Política Lingüística, la Oficina de Garanties Lingüístiques, el Consorci per a la Normalització Lingüística, etc. La conclusión es demoledora. Sólo el 5% de las iniciativas lingüísticas de la Generalitat incluye a los hispanohablantes. Es muy llamativo que todas las acciones de órganos estatales en este ámbito sean bilingües.
 

Si bien en el ámbito municipal tienen algo más de juego las dos lenguas habituales de los catalanes, la descompensación y el extrañamiento del español sigue siendo muy notable en el ámbito municipal y en las iniciativas de las diputaciones. Frente a los siete concursos municipales donde se admitían textos en los dos idiomas, se han encontrado 26 concursos monolingües donde se excluía la lengua materna de la mitad de los catalanes. El informe describe también las actividades de diversas entidades dedicadas a promocionar las lenguas en Cataluña. En su conjunto, el 69% de los premios literarios en Cataluña se ofrecen exclusivamente a quien presenta sus textos en catalán.
 

Por todo ello Societat Civil Catalana reclama la inmediata normalización del español en la vida institucional y en el espacio público catalán. Tras la “normalización lingüística” que se llevó a cabo al recuperar la democracia y el autogobierno, ha llegado la hora de una “segunda ola normalizadora” que haga normal en las instituciones lo que es normal y valioso para la inmensa mayoría de catalanes, sus dos lenguas propias. Esta segunda normalización linguística es una premisa esencial para que Cataluña recupere la armonía cívica y política y pueda mirar al futuro sin exclusiones.

Editorial SCC

Jóvenes disidentes en la UAB.

Viernes, Diciembre 16, 2016 - 20:45

En un contexto en que el espacio público en general y el educativo en particular están  copados por el nacionalismo, la emergencia en el campus de Bellaterra de un pequeño colectivo de estudiantes que alza la voz en defensa de la convivencia de Cataluña con el resto de España ha resultado imposible de digerir para los cachorros más reaccionarios del separatismo y del (sorprendentemente) autodenominado “antifascismo” que hasta ahora, y desde hace demasiado tiempo, campaban a sus anchas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde que se constituyó (hace unos pocos meses), la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de esta universidad (SCC-UAB) ha sufrido tantas agresiones como iniciativas públicas ha promovido. Los integrantes de todas las carpas desplegadas han sido ferozmente increpados, como se puede ver en este ilustrativo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI).




Mejorar España o Destruir Cataluña.

Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 18:23

Desde Societat Civil Catalana queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que una parte significativa de las cargos y autoridades locales y autonómicos en Cataluña estén utilizando impropiamente su poder para emprender acciones manifiestamente ilegales incurriendo, a la vez, en un evidente despilfarro de recursos públicos. Nos parece especialmente condenable la vulneración del principio democrático de neutralidad de las instituciones, en las que con frecuencia los símbolos partidistas desplazan a los oficiales de todos los catalanes, se hacen apelaciones a la desobediencia y a la transgresión de las leyes y resoluciones de los órganos judiciales y se fomenta el desprecio al actual marco constitucional tratando de devaluar su trascendencia y relevancia.

El populismo nacionalista está incurriendo en un claro y manifiesto abuso del poder que detenta. Sus dirigentes públicos se aprovechan del cargo y de las atribuciones inherentes al mismo frente a los que se encuentran en situación de dependencia o subordinación y tratan, además, de influir en los ciudadanos en beneficio de una determinada ideología. Es corrupción política de tintes totalitarios.  




Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat.

Miércoles, Septiembre 28, 2016 - 23:08

Societat Civil Catalana muestra su preocupación por el plan de gobierno que ha presentado hoy Carles Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña.

En su intervención el Sr. Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat ya trabaja en la elaboración de todo aquello que es preciso para proceder a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un desafío expreso no solamente a la Constitución sino también al Tribunal Constitucional, quien ha anulado la hoja de ruta secesionista y ha prohibido que se dé cualquier tipo de apoyo al proceso de secesión.

El proyecto de gobierno que se ha presentado ante la Cámara autonómica no es más que el detalle de un golpe de Estado que implicaría la ruptura unilateral de la soberanía española y el intento de imponer sobre Cataluña y los catalanes la autoridad de los secesionistas en contra tanto del Derecho interno como del Derecho internacional.




El desafío separatista y la gobernabilidad.

Jueves, Septiembre 1, 2016 - 14:23

De los muchos desafíos a los que se enfrenta España en estos momentos, el más grave es el que plantean los separatistas en Cataluña. Lo es, en primer lugar, porque afecta a la existencia misma de España como Estado y al mantenimiento de la comunidad política soberana que formamos todos los españoles; y en segundo término porque de consumarse el terremoto político anunciado por los nacionalistas catalanes los perjuicios económicos y sociales afectarían al conjunto de los españoles y a la estabilidad europea. Finalmente, lo es porque las administraciones públicas catalanas de una forma expresa han escenificado su rechazo a ser consideradas ya como administraciones españolas y aparentan actuar como instituciones de un Estado independiente.




 

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