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El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras, entre otros, por los gastos del 1-O tras las denuncias presentadas por Societat Civil Catalana y ACC y Fiscalía

Una de las condiciones imprescindibles para Societat Civil Catalana en cualquier escenario de dialogo que se establezca estos días es que se ejecute una auditoría del procés. La entidad considera que es absolutamente necesario que los líderes de este proyecto, que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica, paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo.

 

Precisamente en relación a esta condición, la entidad, junto a Abogados Catalanes por la Constitución, denunció a los responsables de la organización de la jornada ilegal del 1 de octubre de 2017 con la finalidad de que devolvieran el gasto que conllevó, tal y como también hizo la Fiscalía en el mismo momento.

 

Tras presentar las denuncias, en este momento Tribunal de Cuentas ha acordado citar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull o Joaquim Forn, entre otros, junto con representantes de nuestra entidad y la Fiscalía, para fijar la liquidación provisional de los gastos del 1-O. La cita es para el día 28 de enero de 2020 y se les requerirá para que lo paguen o lo avalen. En caso de no hacerlo se procedería al embargo de sus bienes. 

 

Societat Civil Catalana asegura que los líderes del separatismo no pueden continuar utilizando el dinero de todos los catalanes para alcanzar objetivos políticos que no sólo no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que están fuera de la ley. El independentismo debe hacer examen de conciencia y hacer un análisis objetivo de la situación actual admitiendo que el conflicto que se vive no es entre Cataluña y el resto de España, sino entre catalanes, la mayoría de los cuales, según votaciones con urnas legalmente establecidas, no apoyan la secesión. 

 

Este primer paso es fundamental para construir una Cataluña fuerte y referente en muchos ámbitos y en la que se fomente la convivencia y la concordia entre los ciudadanos. Sin embargo, si los representantes del independentismo siguen adelante con su deriva separatista siempre activaremos los mecanismos democráticos oportunos, precisamente para defender la democracia en nuestra tierra.

Editorial SCC

Jóvenes disidentes en la UAB.

Viernes, Diciembre 16, 2016 - 20:45

En un contexto en que el espacio público en general y el educativo en particular están  copados por el nacionalismo, la emergencia en el campus de Bellaterra de un pequeño colectivo de estudiantes que alza la voz en defensa de la convivencia de Cataluña con el resto de España ha resultado imposible de digerir para los cachorros más reaccionarios del separatismo y del (sorprendentemente) autodenominado “antifascismo” que hasta ahora, y desde hace demasiado tiempo, campaban a sus anchas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde que se constituyó (hace unos pocos meses), la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de esta universidad (SCC-UAB) ha sufrido tantas agresiones como iniciativas públicas ha promovido. Los integrantes de todas las carpas desplegadas han sido ferozmente increpados, como se puede ver en este ilustrativo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI).




Mejorar España o Destruir Cataluña.

Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 18:23

Desde Societat Civil Catalana queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que una parte significativa de las cargos y autoridades locales y autonómicos en Cataluña estén utilizando impropiamente su poder para emprender acciones manifiestamente ilegales incurriendo, a la vez, en un evidente despilfarro de recursos públicos. Nos parece especialmente condenable la vulneración del principio democrático de neutralidad de las instituciones, en las que con frecuencia los símbolos partidistas desplazan a los oficiales de todos los catalanes, se hacen apelaciones a la desobediencia y a la transgresión de las leyes y resoluciones de los órganos judiciales y se fomenta el desprecio al actual marco constitucional tratando de devaluar su trascendencia y relevancia.

El populismo nacionalista está incurriendo en un claro y manifiesto abuso del poder que detenta. Sus dirigentes públicos se aprovechan del cargo y de las atribuciones inherentes al mismo frente a los que se encuentran en situación de dependencia o subordinación y tratan, además, de influir en los ciudadanos en beneficio de una determinada ideología. Es corrupción política de tintes totalitarios.  




Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat.

Miércoles, Septiembre 28, 2016 - 23:08

Societat Civil Catalana muestra su preocupación por el plan de gobierno que ha presentado hoy Carles Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña.

En su intervención el Sr. Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat ya trabaja en la elaboración de todo aquello que es preciso para proceder a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un desafío expreso no solamente a la Constitución sino también al Tribunal Constitucional, quien ha anulado la hoja de ruta secesionista y ha prohibido que se dé cualquier tipo de apoyo al proceso de secesión.

El proyecto de gobierno que se ha presentado ante la Cámara autonómica no es más que el detalle de un golpe de Estado que implicaría la ruptura unilateral de la soberanía española y el intento de imponer sobre Cataluña y los catalanes la autoridad de los secesionistas en contra tanto del Derecho interno como del Derecho internacional.




El desafío separatista y la gobernabilidad.

Jueves, Septiembre 1, 2016 - 14:23

De los muchos desafíos a los que se enfrenta España en estos momentos, el más grave es el que plantean los separatistas en Cataluña. Lo es, en primer lugar, porque afecta a la existencia misma de España como Estado y al mantenimiento de la comunidad política soberana que formamos todos los españoles; y en segundo término porque de consumarse el terremoto político anunciado por los nacionalistas catalanes los perjuicios económicos y sociales afectarían al conjunto de los españoles y a la estabilidad europea. Finalmente, lo es porque las administraciones públicas catalanas de una forma expresa han escenificado su rechazo a ser consideradas ya como administraciones españolas y aparentan actuar como instituciones de un Estado independiente.




 

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