Desde Societat Civil Catalana hicimos lo que teníamos que hacer al llevar la ley de amnistía del Gobierno ante la justicia europea y volveríamos a hacerlo una y mil veces. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ratificado la competencia que se le quería negar al Tribunal de Cuentas para controlar estas cuestiones.

Naturalmente, respetamos el fallo, pero seguimos pensando que la amnistía blanquea la malversación; que ello afecta a los intereses de todos y que se trata de una autoamnistía redactada y aprobada por quienes delinquieron con un intento de golpe de estado y por quienes les han blanqueado por interés personal y partidista. Una amnistía que, además, pisotea el principio de igualdad de todos los españoles.

El TJUE no niega que haya malversación en la amnistía. Lo que dice es que no parece haber afectado a los intereses financieros de la UE. El Tribunal de Cuentas ha de poder verificar que así ha sido y puede perfectamente declarar que ha existido malversación interna.

La ley de amnistía no concedía tiempo suficiente al Tribunal de Cuentas (donde estamos personados contra los líderes separatistas con el propósito de exigirles responsabilidades contables por el procés) para estudiar si existió malversación en su conducta. La sentencia de hoy del TJUE corrige esta limitación de tiempo.

Recordemos que, en su sentencia, el TJUE cuestiona que la ley de amnistía respete la tutela judicial efectiva propia del Estado de Derecho. El fallo, además, deja claro que la amnistía no se puede aplicar automáticamente, sino que corresponde a los jueces valorar cómo se aplica.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo son los que deberán resolver ahora los recursos de amparo pendientes teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia del TJUE.