Las tragedias ferroviarias de Adamuz, con 43 fallecidos identificados hasta el momento, y de Gelida, donde murió un joven maquinista en prácticas, han provocado una oleada de consternación y frustración colectiva que agrava, si cabe, la crisis institucional y el descrédito político que venimos denunciando en los últimos años.

El abrazo a las familias de las víctimas mortales, la solidaridad con los numerosos heridos, el reconocimiento al extraordinario trabajo de los profesionales de los servicios de emergencias, y la gratitud a los ciudadanos anónimos que han acompañado a los heridos en situaciones de extrema vulnerabilidad, fue la respuesta inmediata de nuestro ánimo.

Como entidad civil no podemos silenciar, sin embargo, el sentir de muchos españoles respecto a la gestión política de la crisis. La respuesta del Gobierno, lejos de ofrecer sosiego y certezas, ha instalado dudas e incertidumbre en la población, con cambios repentinos en las directrices.

En contraste con la elevada presión fiscal que soportamos, el déficit inversor en infraestructuras esenciales, la falta de mantenimiento de la red ferroviaria española, las advertencias reiteradas de los expertos y la crítica social generalizada sobre la caída progresiva de la calidad del servicio son una realidad que hemos sobrellevado durante años. Nos encontramos, por lo tanto, ante un escenario enormemente preocupante teniendo en cuenta que el ferroviario es un sector esencial para la economía española.

Como sociedad civil no podemos sino denunciar los enormes perjuicios, algunos con consecuencias trágicas, que la pésima gestión de infraestructuras esenciales está causando a la población.

La sensación de desánimo colectivo, de zozobra y de falta de liderazgo político al frente de las instituciones es manifiesta y lastra nuestra credibilidad como país.

La Junta Directiva de SCC