Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido abrir las conversaciones sobre la nueva financiación autonómica con Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia, revela hasta qué punto el actual jefe del Ejecutivo no persigue un acuerdo pactado con el conjunto de las autonomías, basado en el interés general de todos los españoles, sino un enésimo balón de oxígeno que le permita mantenerse en el poder al precio que sea.

Pueda o no ejecutarse lo pactado en la reunión, poner la alfombra roja de la Moncloa y recibir con todos los honores a un líder secesionista que sigue inhabilitado para cualquier cargo público por malversación -pese al indulto y posterior amnistía- es una renuncia expresa a los valores constitucionales y un desafío a la convivencia y al entendimiento.

Además de la indignidad en las formas, imprescindibles en democracia, el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno y el presidente de ERC ni contenta a quienes pretenden una financiación singular para Cataluña ni, mucho menos, anticipa un sistema plural y equilibrado; se trata, por lo tanto, de un ejercicio de impostura para apurar una legislatura a la deriva y, al tiempo, facilitar los Presupuestos de Salvador Illa.

Desde la sociedad civil nos negamos a aceptar que se mercadee con la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios. El sistema de financiación autonómica debe acordarse entre todas las autonomías, no a través de una negociación bilateral con partidos minoritarios que representan exclusivamente los intereses del nacionalismo separatista. Ante una legislatura insostenible, cualquier gobernante responsable convocaría elecciones antes de quedar en manos de quienes no acatan el Estado democrático de derecho. 

A este mandato, tal como queda reflejado en las siguientes imágenes, le sobran ya hasta los calificativos.