El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha requerido a la Generalitat la remisión urgente de la información que, a instancias de Societat Civil Catalana, solicitó el pasado mes de junio al Departamento de Educación “con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano”.

“Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, se le comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma”, ha notificado el Defensor del Pueblo a Societat Civil Catalana en un escrito recibido el 14 de octubre.

Herramienta de exclusión

El pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo atendió nuestro escrito contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, ante el riesgo de que -pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el TSJC al admitir a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)- la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano.

Respondió la institución que dirige Ángel Gabilondo que “en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña”.

En septiembre de 2023, en la fase de información pública, ya actuamos en vía administrativa para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. En las correspondientes alegaciones -no atendidas por la Generalitat- alertábamos de sus efectos perniciosos.

Tal como denunciamos en su momento, con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo.

El plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo.

Vulneración de derechos fundamentales

Estas medidas derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua. El artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia.

Asimismo, el decreto contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales.