En nombre de Societat Civil Catalana, los abogados Juan Chapapría y Mario de Diego han intervenido esta mañana en la vista oral celebrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien debe determinar si la ley de amnistía entra en colisión con el Derecho europeo por lo que se refiere al delito de malversación.

El equipo jurídico de SCC ha llegado al TJUE acompañado por el presidente y la vicepresidenta de la entidad, Álex Ramos y Teresa Freixes, respectivamente.

Ramos ha calificado de “autoamnistía redactada por prófugos y condenados por el Tribunal Supremo una ley que no responde al interés general, socava la igualdad entre todos los españoles y no es más que una cesión de privilegios e impunidad a cambio de los votos necesarios para mantener el poder”.

Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, se ha mostrado igual de contundente: “La ley fue dictada por un acuerdo político y no nos cabe ninguna duda de que amnistiar la malversación cometida por los líderes del proceso separatista entra en grave colisión con el Derecho europeo”.

Destacamos algunas de las consideraciones expuestas ante el Tribunal por parte de nuestro equipo jurídico:

• La ley de amnistía es, en realidad, una autoamnistía concebida fuera del Parlamento, fruto de un pacto político entre el Gobierno de España y los separatistas. Un acuerdo negociado entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán, hoy en prisión por presunta corrupción.
• La ley se aprobó con informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, sin aceptar enmiendas de la oposición y con el rechazo explícito de buena parte de la comunidad jurídica.
• Este acuerdo político no responde al interés general, legitima la desigualdad de los españoles ante la Ley, erosiona la confianza de los ciudadanos en la Justicia y pone en riesgo la efectividad del Derecho europeo. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece una responsabilidad compartida de la UE y los estados miembros para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.
• La actuación judicial contra los separatistas por los delitos cometidos durante el procés ha sido víctima de una operación sistemática de obstrucción institucional y legislativa. Ocurrió con la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
• La ley de amnistía supone un riesgo de impunidad sistémica al comprometer la lucha contra la corrupción y el fraude. Ya se ha producido un archivo generalizado de los procedimientos.