El respeto al Estado de Derecho, especialmente en lo que a la independencia e imparcialidad de los jueces, magistrados y fiscales se refiere, es un factor determinante de la calidad democrática y, como tal, debe ser objeto de atención prioritaria por parte de la sociedad civil.
Han sido muy pocas, aunque relevantes, las ocasiones en las que jueces y fiscales se han manifestado. En las últimas semanas han considerado necesario hacerlo al advertir que su independencia e imparcialidad están en riesgo. Las asociaciones profesionales mayoritarias han acudido también al Parlamento Europeo para exponer su preocupación por el contenido de las reformas judiciales pergeñadas desde el Ejecutivo.
La Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2025 relativo a España, constata que la situación deriva en una falta de confianza en el sistema judicial inquietante: sólo el 40 % de las empresas y el 39 % de la ciudadanía creen que la independencia del Poder Judicial goza de buena salud.
También resalta el deterioro institucional derivado de que el Fiscal General del Estado se encuentre procesado por un presunto delito de revelación de secretos, conocidos en el ejercicio de su cargo. Y se hace eco de la oposición mayoritaria de jueces y fiscales a un cambio en el acceso a la carrera judicial que, a su juicio, no garantiza la suficiente calidad del sistema. Avisan de que la regularización de jueces sustitutos e interinos, en la forma en que está concebida por el poder político, es discriminatoria para quienes acceden al puesto mediante un procedimiento que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La corrupción económica y política incide también directamente en el deterioro del Estado de Derecho, así como en la legitimidad funcional de unos partidos políticos cuya financiación es un ámbito de riesgo elevado que no obtiene una respuesta pertinente a los problemas que viene detectando el mismo Tribunal de Cuentas. Por ello la Comisión Europea, en su Informe 2025, es muy crítica con la situación española y reclama respuestas contundentes por parte los poderes públicos.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana muestra su preocupación por los déficits de cumplimiento de los estándares democráticos en España, establecidos por la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea, y exige a los poderes públicos que tomen las medidas necesarias y pertinentes para que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial quede garantizada.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana
Enlace al informe de la situación del Estado de Derecho en España 2025