Compartimos el vídeo de la rueda de prensa ofrecida hoy en la sede de Societat Civil Catalana por la presidenta de la entidad, Elda Mata, el abogado y secretario de la Junta Directiva, Eloy Moreno, y el abogado y CEO de Chapapría-Navarro&Asociados, Juan Chapapría.

• Societat Civil Catalana ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que se aplique la ley de amnistía a malversadores condenados por el Tribunal Supremo y al principal responsable del proceso separatista, el prófugo Carles Puigdemont, quien no ha rendido cuentas ante la Justicia.
• La decisión de SCC de mantener viva la causa por malversación en el Tribunal de Cuentas ha permitido que la Justicia europea deba pronunciarse sobre el encaje de la ley de amnistía en el ámbito comunitario, evitando, hasta el momento, que se aplique este privilegio a los líderes separatistas encausados por su responsabilidad contable en el perjuicio ocasionado a las arcas públicas catalanas.
• En 2022, SCC presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra once ex altos cargos de la Generalitat -Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluís Puig- para que devuelvan 5 millones de euros malversados en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la ejecución, a través del Diplocat, de una campaña internacional de difamación de la democracia española.
• Con el procedimiento contable visto para sentencia, el 30 de mayo de 2024 el Gobierno y sus socios consumaron el atropello al Estado de derecho con la aprobación de la ley de amnistía. Fue en ese momento cuando el Tribunal de Cuentas preguntó a las partes si debía pedir criterio al TJUE. El Ministerio Fiscal (que reclamaba 3,1 millones de euros a un total de 35 encausados) consideró “no procedente” plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea. En la misma línea se pronunciaron las defensas de los encausados.
• Únicamente Societat Civil Catalana instó a averiguar si la amnistía contradice obligaciones fundamentales derivadas del derecho comunitario. El Tribunal de Cuentas avaló este criterio, planteó una cuestión prejudicial y suspendió la causa hasta obtener respuesta.
• En las alegaciones remitidas al tribunal comunitario sostenemos que amnistiar el delito de malversación atenta contra el derecho europeo, los intereses financieros de la Unión Europea, la seguridad jurídica, la lucha contra el fraude, la cooperación leal con las instituciones europeas y el principio de igualdad y no discriminación ante la ley de los ciudadanos.
• La ley de amnistía no es un acto de reconciliación, sino un pago político, en forma de impunidad y privilegios, a quienes desafiaron el orden constitucional. El Tribunal Supremo ya ha advertido del riesgo que supone la amnistía para la credibilidad de la Justicia.