Las continuas cesiones del Gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña a las formaciones separatistas, junto con la implacable ofensiva gubernamental contra las instituciones del Estado capaces de impedir el intercambio mercantilista de favores políticos, subvierten la obligada neutralidad institucional y socavan los pilares del Estado democrático de derecho.
Mientras los españoles debemos responder ante la ley por nuestros actos, Gobierno y Generalitat han adoptado como estrategia de supervivencia la concesión de privilegios legales y políticos a una minoría parlamentaria que forzó el orden constitucional y que continúa trabajando en el desmantelamiento del Estado en Cataluña y contra la integridad territorial de España.
La ley de amnistía, la cesión incontrolada de competencias y las reiteradas expresiones de humillación constituyen un pago político por parte de quienes son rehenes de condenados y prófugos. Paradójicamente, en su momento de mayor debilidad social y parlamentaria, el chantaje del secesionismo cosecha un triunfo tras otro gracias al entreguismo de los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña.
Ante la estrategia política que pretende aparentar una inexistente normalidad que enmascara la gravísima situación de deterioro del marco de convivencia que nos dimos los españoles en 1978, la Junta Directiva de Societat Civil Catalana manifiesta lo siguiente:
- Constatamos que la clase gobernante ha abandonado la defensa del bien común y del interés general.
- Rechazamos la agenda separatista de los que consideramos gobiernos nacionalistas a la sombra y nos declaramos contrarios a la cesión a la Generalitat de competencias reservadas al Estado, como el control de la inmigración y la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos. El vaciado de competencias y funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ilustra la voluntad de acabar con la unidad territorial de España.
- Condenamos la comparecencia de un terrorista en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, como la imagen más repulsiva del sometimiento de las instituciones a la ideología perversa y peligrosa de Junts. Negociar con un prófugo asuntos de gobierno que afectan a todos los españoles, hacerlo fuera de territorio español y recurriendo a la figura de un mediador evidencia la ausencia total de valores e inexistencia de líneas rojas de los responsables.
- Nos oponemos a una financiación privilegiada y singular para Cataluña a costa del resto de las comunidades. Cualquier mejora del sistema de financiación autonómica debe beneficiar a todos los españoles; a los catalanes, también. Lo contrario atenta contra la igualdad entre los españoles y a la solidaridad entre los territorios.
- Defendemos la caja única y rehusamos la plena soberanía fiscal y el desarrollo de una hacienda catalana que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos. Sería, de facto, una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, obviando que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
- Impugnamos la validez de la expresión “El Govern de tothom”. El presidente de la Generalitat ha renunciado a la oportunidad histórica de liderar una Cataluña libre de totalitarismos. Una Generalitat de todos leal a la Constitución, cumpliría las sentencias que obligan a impartir el 25 % de las clases en español y descartaría aplicar medidas de protección de la lengua catalana a costa de la conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos hispanohablantes. Una Generalitat de todos impediría a los medios de comunicación públicos y/o privados subvencionados fomentar la hispanofobia y garantizaría la neutralidad institucional en ámbitos tan fundamentales como la Educación y la Sanidad.
Pese a los lemas grandilocuentes y a unos cuantos gestos de cordialidad institucional, los catalanes no hemos recuperado ni uno solo de los derechos fundamentales vulnerados, durante décadas, por el régimen nacionalista. La ley de amnistía y la sumisión a quienes abrieron un abismo entre catalanes ahondan en la herida de los constitucionalistas que vimos una oportunidad de justicia y reparación.
Societat Civil Catalana ni ha asistido ni asistirá como convidada de piedra al intolerable ataque a nuestro marco de convivencia. Es por ello por lo que mantenemos abierta en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la causa contra la malversación del procés y contra la ley de amnistía.
Hacemos un llamamiento los ciudadanos para que, en sus respectivos ámbitos y dentro de las posibilidades de cada cual, den un paso al frente en defensa del Estado democrático de derecho. Hoy más que nunca, la democracia española necesita una sociedad civil fuerte como contrapeso a una élite dirigente que supedita su deber de gobernar para todos al ejercicio del poder. Quedarse al margen no es una opción.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana