Si la militancia de ERC avala mañana el preacuerdo de investidura con el PSC-PSOE, el socialista Salvador Illa llegará a la presidencia de la Generalitat encadenado a un texto inconstitucional de imposible cumplimiento que contempla la independencia fiscal de Cataluña a través de la recaudación del 100 % de los impuestos en un modelo de concierto económico similar al del País Vasco y Navarra.
Un contrato entre formaciones políticas que, de materializarse, implicaría el derribo de la Agencia Tributaria en Cataluña, causando con ello un daño irreparable al armazón del Estado de las Autonomías y, en consecuencia, a la propia unidad de España. Certificaría, asimismo, el abandono institucional definitivo -tras la reciente aprobación de la ley de amnistía- del conjunto de los españoles, que dejarán de ser ciudadanos solidarios e iguales en derechos y oportunidades.
El acuerdo recoge también la creación de una consejería de política lingüística para imponer el uso social del catalán y designa una convención nacional que marcará “el camino hacia el referéndum”. En total, 24 folios de exposición de un plan de ruptura inaceptable y contrario a la Constitución que afecta a todos los españoles y sobre el cual sólo tendrán voz y voto los 8.700 militantes de un partido independentista.
Ante esta nueva burla al conjunto del pueblo español manifestamos nuestro hartazgo y precisamos que:
- Tanto PSC como ERC saben perfectamente que la parte troncal del acuerdo es inejecutable porque no está en sus manos garantizar su cumplimiento. No obstante, la expresa renuncia por escrito a los principios de solidaridad e igualdad, intrínsecos al discurso socialdemócrata, revelan hasta dónde están dispuestos a llegar; unos, por gobernar a cualquier precio y, otros, por mantener una serie de sueldos y prebendas a cargo del erario público.
- Es absolutamente falso que el acuerdo nazca de “la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente”. La ruptura del actual modelo de Estado no se incluyó en el programa electoral socialista. De hecho, miembros del Gobierno negaron reiterada y vehementemente un eventual concierto económico para Cataluña. Tal como sucedió con la ley de amnistía, de nuevo se ha traicionado la confianza de los ciudadanos, a quienes no se ha consultado, y cuyos votos se usan ahora como coartada para fines desleales y partidistas.
- Los acontecimientos del último año revelan que ejercer el poder se ha convertido en un fin para mantener a los fieles que viven de los partidos y no en un medio para mejorar la vida de los ciudadanos. El PSC-PSOE no ha firmado un preacuerdo: ha certificado su voluntad de acatar los postulados totalitarios y destructivos del nacionalismo, abandonando la defensa del bien común y la igualdad entre todos los ciudadanos residan donde residan.
- Alertamos al presidenciable socialista de que la más mínima aplicación de los acuerdos lingüísticos suscritos con ERC, así como la aceptación de proseguir en “el camino hacia el referéndum”, le llevará a incumplir gravemente su obligación de gobernar para todos los catalanes. A cambio de 20 votos estará refrendando la imposición de una parte de la ciudadanía, minoritaria, sobre la otra. Ni los indultos ni la amnistía ni este pacto se enmarcan en la voluntad de concordia, si no en la sumisión forzada de los ciudadanos no nacionalistas que vivimos en Cataluña.
- Consideramos que, llegados a este punto, la ciudadanía debería ser convocada de nuevo a las urnas para votar con conocimiento de causa. Cada uno desde su responsabilidad, los españoles leales al Estado democrático de derecho tenemos el deber de impedir que estos acuerdos perniciosos lleguen a cumplirse.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana