La decisión del Tribunal de Cuentas de suspender el procedimiento contable contra los líderes del proceso separatista catalán hasta que la Justicia europea decida sobre la ley de amnistía es crucial para evitar daños irreparables a nuestra democracia.

Frente al criterio de la Fiscalía, que rechazó llevar la amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde Societat Civil Catalana, única parte demandante en la causa, solicitamos al TCu que planteara una cuestión prejudicial. La postura del Ministerio Fiscal en este procedimiento para dirimir la responsabilidad contable de las autoridades catalanas ante el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y financiar la denominada «acción exterior», deja a SCC como como único baluarte de defensa de los intereses de todos los españoles.

Seguimos firmes en la causa y exigimos que los responsables de la insurrección de 2017 rindan cuentas ante la Justicia. La amnistía no puede aplicarse a la malversación cometida para promover aquel desafío al Estado democrático de derecho, al orden constitucional y a la convivencia entre los españoles dado que se trata de un delito condenado en 2019 por el Tribunal Supremo que afecta, además, a los intereses financieros de la Unión Europea.