| La democracia española vivió el miércoles otro día aciago. Las votaciones en el Senado escenificaron el total sometimiento del Gobierno al chantaje de una minoría supremacista que, desde dentro de las propias instituciones, dedicará la legislatura a dinamitar la Constitución y a socavar los principios del Estado de derecho. A cambio de mantener el poder y renunciando a la defensa del interés general y de la dignidad de la Nación, se ha cedido la soberanía nacional a un partido dirigido por un prófugo de la Justicia que no necesita pisar suelo español para extorsionar a un Gobierno que ha optado por quedar supeditado a los intereses espurios del etnoregionalismo excluyente. Las importantes cesiones del miércoles rompen la igualdad entre todos los españoles y liquidan el principio de solidaridad entre las Comunidades Autónomas, reconocidos ambos en la Constitución Española. Además de ahondar en el progresivo vaciado del Estado, se pretende conferir competencias trascendentales a una comunidad gestionada por un régimen nacionalista tribal reiteradamente denunciado ante las instituciones europeas por conculcar los derechos y libertades de quienes discrepan de su ideario totalitario. Los separatistas han conseguido que se retire el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que la cuestión fuese elevada al Tribunal de Justicia de la UE. Asimismo han pactado la reforma de la Ley de Sociedades que pretende forzar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña a raíz del proceso separatista. Grave sería también la cesión integral a la Generalitat de las competencias de Inmigración, que la Constitución reserva en exclusiva al Gobierno al tratarse de una materia que requiere de una visión global y de unas políticas consensuadas. Una reclamación que, de concretarse, permitirá a los separatistas apuntalar el régimen social sectario, discriminatorio y excluyente que han impuesto en Cataluña desde hace décadas. Ante una situación que consideramos de extrema gravedad para los intereses de España y de los españoles, apelamos a la sociedad civil, a los ciudadanos responsables y leales al Estado de derecho, a manifestar su desacuerdo por todos los medios a su alcance en una democracia, que van desde el voto hasta la protesta pública y la movilización pacífica. Debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la democracia, la convivencia y los valores constitucionales. La Junta Directiva de Societat Civil Catalana ACCESO AL DOCUMENTO ACCÉS AL DOCUMENT |
12/01/2024
Pese a tener alternativas, el Gobierno ha optado voluntariamente por someterse a la extorsión del etnoregionalismo catalán, tribal y excluyente
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