La amnistía exprés y a medida que se está pergeñando a espaldas de la ciudadanía será negativa para los españoles en general, pero será especialmente denigrante para el gran espacio de centroizquierda, pues serán exclusivamente sus cúpulas las que lo decidirán, aunque representarán al colectivo socialdemócrata sin deliberación previa y por ende, sin permiso ni validación democrática.
Las elecciones generales del 23 de julio arrojaron un escenario de difícil gestión y enrevesada aritmética parlamentaria. Si un brote de lucidez no lo remedia, el prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont, máximo responsable del intento de insurrección de 2017, decidirá quién y cómo gobierna España. En su momento de mayor declive electoral, con pérdida de 700.000 votos, una minoría secesionista catalana que no esconde sus deseos de quebrar al Estado tiene la llave del Gobierno de España.
Tiene la llave, porque quien debe velar por el interés general se la ha entregado. De la misma manera que le han otorgado pública autoridad para decidir por sí mismo si el ataque al orden constitucional perpetrado por el Sr Puigdemont, hace seis años, fue o no un delito. De ahí a la amnistía, un paso y así allanar el camino al referéndum de autodeterminación previo reconocimiento de Cataluña como «una minoría nacional dentro de España». En ese marco irracional se mueve el separatismo. Y lo que es mucho peor: ese es el marco que ha comprado la centroizquierda, para mantenerse en el poder.
Si Cataluña es una minoría nacional dentro de España habrá que decidir qué somos los centenares de miles de catalanes leales a la Constitución y al Estado de derecho. ¿Otra minoría nacional? ¿Una mayoría social sometida por una minoría sobredimensionada por la ley electoral?
La eventual ley de amnistía a medida que un prófugo se concedería a sí mismo constituye un engaño electoral. He manifestado públicamente mi condición de votante socialdemócrata y confieso mi decepción. Creíamos que la amnistía y el referéndum de autodeterminación eran líneas rojas. Así lo manifestaron reiterada y contundentemente antes de las elecciones del 23 de julio, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ministros y altos cargos socialistas como Fernando Grande-Marlaska, Miquel Iceta, Raquel Sánchez, Salvador Illa, Carmen Calvo, Adriana Lastra, José Zaragoza, Patxi López, José Luis Ábalos e Isabel Rodríguez, e incluso el exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo.
Probablemente el resultado electoral habría sido otro si esta cuestión hubiera figurado en los programas electorales de los partidos políticos. Nadie lo sometió a debate y a la ciudadanía se le hurtó el derecho a pronunciarse sobre una medida que vulnera el principio de igualdad ante la Ley de todos los españoles. Además, amenaza la integridad territorial de España, desde el momento en que la amnistía legitimará lo que se pretendió llevar a cabo en 2017, un referéndum de autodeterminación.
Tal ha sido el giro de pareceres tras las elecciones que viene a la memoria aquella frase del gran Groucho Marx: «Estos son mis principios, pero, si no le gustan, tengo otros». Los legítimos intereses partidistas y las estrategias para conseguir el poder y mantenerlo nunca deben anteponerse al bien común. La forma en que se entiende y se ejerce la política en la actualidad está directamente relacionada con el creciente desprestigio de una profesión noble que debe ejercerse desde la voluntad de servicio al interés general.
El bochornoso encuentro de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con Carles Puigdemont en Bruselas es un claro ejemplo de actitudes políticas irresponsables, frívolas y oportunistas pensadas exclusivamente para mantener el poder a cualquier precio.
¿Dónde nos pueden llevar las políticas más extremas a la socialdemocracia, encarnadas por la Sra. Yolanda Diaz y su asesor de cabecera el Sr Jaume Asens, también asesor de Puigdemont? Nos conducen a un modelo confederal de una España plurinacional, alineados con minorías nacionalistas, soberanistas y separatistas, tanto de izquierda (ERC y Bildu) como también, paradójicamente, de derechas (Junts y PNV). Este esquema es muy tóxico y denigrante para la gran socialdemocracia española, que validó amplia y democráticamente una única soberanía nacional radicada en el pueblo español. Una España pluricultural y plurilingüe con un estado descentralizado en Comunidades Autónomas, al que aún le falta mejorar en cooperación transversal y en coordinación basada en la lealtad.
Y se intentan justificar las concesiones (indultos, abolir secesión y maquillar malversación) a los secesionistas porqué dicen mejorar la convivencia. Pero negamos la mayor, pues se realizaron para aprobar unos presupuestos generales, no por interés general. Para ser justos, el apaciguamiento se produjo por la acción del Estado, con el artículo 155 y con la acción de una Justicia garantista. En España se juzgaron delitos, no ideologías. ¡No fue por convivencia sino por conveniencia!
Una amnistía sirve para superar y borrar una etapa adversa por el bien común, iniciando un futuro sin esa carga. Pero es que actualmente no vamos a superar nada, pues los eventuales amnistiados quieren volverlo a hacer unilateralmente.
Si el espíritu de la Transición sirvió para superar, conciliar y constituirnos democráticamente, ¿por qué hoy día un gran partido socialdemócrata no puede pactar con un gran partido conservador para evitar conceder una amnistía inmerecida, antesala del referéndum de autodeterminación?
Para contentar a cinco partidos con 1,6 millones de electores separatistas se está confrontando con cerca de 12 millones de electores conservadores, más una cantidad indeterminada de electores de izquierda. Es una política que ha dividido a Cataluña y ahora divide a España. ¿Esto es convivencia?
Es una grave irresponsabilidad política ejercer un liderazgo para solucionar un problema de tamaño uno (contentar a separatistas) y con ello generar un problema de tamaño diez (dividir a España).
Como sociedad civil solicitamos que, antes de abordar cualquier negociación con el nacionalismo catalán, éste pida disculpas, haga propósito de enmienda, renuncie a la unilateralidad y se conduzca con lealtad institucional. Cualquier aspiración es legítima respetando el Estado de derecho y sus procedimientos.
Y proponemos como alternativa:
1.- Que la candidatura a la investidura observe el espíritu de la Transición sobre políticas de Estado e integridad territorial y pacte los acuerdos necesarios con el gran partido de la oposición, evitando unos apoyos contraproducentes con partidos secesionistas.
2.- Que se tengan en cuenta las reflexiones de relevantes referentes democráticos, entre otros, el presidente Felipe González y vicepresidente Alfonso Guerra. No nos parece constructivo dividir uno de los grandes bloques en los que se basó nuestra democracia y mucho menos calificar de dinosaurios a quienes tanto contribuyeron a ella. Es fundamental mantener la cohesión de los dos grandes bloques políticos en que se sustenta nuestro sistema político.
3.- Que, una vez conseguidos previamente los pactos de Estado transversales, corresponderá abordar por la candidatura actual a la investidura los pactos que considere y con quien, para las políticas del día a día de interés ciudadano (Educación, sanidad, economía, etc.).
No parece apropiado empezar los pactos con partidos de los extremos (ideológicos o identitarios) antes de negociar con la centralidad política. Sólo traería pan para hoy…
Si no lo consiguen, corresponderían nuevas elecciones para que sea la ciudadanía la que se posicione con la información que dispone actualmente y no conocía antes del 23 de julio.
Álex Ramos Torre
Médico
Vicepresidente de Societat Civil Catalana