Esta semana se cumplen seis años de las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, en las que el Parlament de Catalunya aprobó las llamadas leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Es imprescindible rememorar hoy lo acaecido en aquellos días para poner en contexto muchos de los acontecimientos que están marcando la actualidad política española en los últimos meses.
En democracia las formas son fundamentales, dado que solo la estricta observancia de las reglas del juego (los procedimientos legalmente establecidos) puede garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como el amparo y protección de éstos frente la arbitrariedad de los poderes públicos.
Partiendo de esta base, lo cierto es que el mes de septiembre de 2017 no pudo empezar peor. La reforma previa del Reglamento de la Cámara autonómica para posibilitar la aprobación de las citadas leyes fundamentales mediante un trámite exprés de lectura única -sin debate ni enmiendas, vulnerando así los más elementales principios parlamentarios que deben respetarse en cualquier estado de derecho- no hacía sino abundar en el «todo vale» con el que los partidos secesionistas pretendían alumbrar su nuevo estado.
Con independencia del imposible encaje en el ordenamiento constitucional español de los textos normativos aprobados en aquellas jornadas, se hace necesario recordar algo que frecuentemente se ha pasado por alto y que supone un aspecto enormemente relevante en relación con las leyes de desconexión: la ley del referéndum de autodeterminación regulaba un proceso consultivo carente de las más mínimas garantías de transparencia exigidas por los organismos internacionales para cualquier proceso referendario, y la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república pretendía alumbrar un nuevo estado de tintes claramente autoritarios.
La cuestión no es baladí, puesto que sitúa el debate no ya solo en la evidente ilicitud de la secesión de una parte del territorio español, sino también en las características del nuevo estado independiente eventualmente resultante de dicha secesión. Y, en este sentido, las conclusiones no pueden ser más desoladoras. Rememorar aquellos días convulsos sirve para recordar cómo, a través de una argucia formal claramente contraria a los principios rectores del parlamentarismo democrático, fue objeto de irregular aprobación una ley que pretendía regular un referéndum carente de las más mínimas garantías democráticas. Una consulta que, caso de prosperar, habría dado lugar al nacimiento de un nuevo estado y a un proceso constituyente de carácter populista y asambleario regido por principios enteramente ajenos a las normas básicas del estado de derecho en el marco de la Unión Europea.
Seis años después, el separatismo catalán está a punto de conseguir por la puerta de atrás y por la vía de facto lo que finalmente no consiguió en aquel torpe golpe de estado (que lo fue) de 2017.
Asistimos en estas últimas semanas a la escenificación de debates y campañas mediáticas que abordan de forma frívola y carente de rigor cuestiones de gran trascendencia para nuestra democracia por el simple hecho de que están en la agenda de negociación de los partidos nacionalistas de cara a un eventual apoyo a la investidura del presidente del Gobierno de España.
Se mezclan burdos argumentos para intentar sustentar un imposible encaje constitucional de una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, fundamento básico de cualquier Estado de derecho. Argumentos que, además, legitiman el relato secesionista creando expectativas en torno a un referéndum sin posible encaje jurídico, al menos en la acepción vinculante de la consulta que el separatismo pretende.
Esto nos lleva a sospechar que en algún momento se ofrecerá una «consulta no vinculante» -no olvidemos que en los últimos meses se ha vuelto a poner sobre la mesa la vía canadiense-, obviando que cualquier fórmula de estas características requiere inexcusablemente una lealtad institucional que el nacionalismo ignora desde hace ya décadas.
Por otro lado, ha pasado bastante desapercibido el intento de recuperación del proyecto de consejos autonómicos de justicia, con quiebra del principio constitucional de unidad jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. Una iniciativa que encaja a la perfección con la vieja obsesión del nacionalismo catalán por controlar desde la Generalitat al poder judicial, y que constituyó prácticamente la única objeción de nuestro Tribunal Constitucional al texto del Estatuto de 2006.
Esta cuestión adquiere especial relevancia si tenemos en cuenta el papel que nuestro Poder Judicial ha tenido durante estos últimos años frente a los excesos del separatismo. Resulta una obviedad que el objetivo no es solo la ruptura del principio de separación de poderes, sino también la definitiva desaparición del Estado en Cataluña. Esa y no otra es la fase final de un nuevo procés encaminado a conseguir la independencia de facto sin el estrépito de un nuevo golpe de estado.
La cesión a la Generalitat del control de las fronteras y un hipotético repliegue del territorio catalán de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -asuntos también presentes en la mesa de negociación- consagrarían el total desarme del Estado y el efectivo control del territorio por parte de los secesionistas. Estaríamos así ante un escenario previo a la independencia soft que constituye la nueva hoja de ruta del nacionalismo.
Ocurre, sin embargo, que los ciudadanos leales al marco constitucional no estamos dispuestos a ser moneda de cambio una vez más. Si más de un millón de catalanes salimos indignados a las calles en octubre de 2017 no fue para que, pocos años después, nos vendan al separatismo por un puñado de monedas.
Eloy Moreno Tarrés
Abogado
Secretario de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana