Recientemente se ha hecho viral un vídeo de una enfermera del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona en el que la joven se rebelaba ante la imposición de acreditar el nivel C1 de catalán como requisito para sacarse unas oposiciones. Independientemente de la forma que eligió para expresar su opinión, en el fondo del asunto, y por enésima vez, se plantea la conveniencia de imponer el segundo nivel de catalán más alto de los cinco actuales a una enfermera de Cádiz que ha venido a trabajar a Barcelona, una ciudad necesitada de profesionales de la salud. 

Es evidente que se ha vulnerado el derecho de esta joven a trabajar en Catalunya al verse discriminada por razón de lengua, pese a que somos una comunidad bilingüe, con dos lenguas oficiales, y a ningún sanitario español se le puede conculcar su derecho constitucional a desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones. De la misma manera que no se puede vulnerar, por razones de lengua, el derecho de una sanitaria canaria a trabajar en Galicia, o de una valenciana a trabajar en el País Vasco, o de una catalana a trabajar en Madrid.

Es recomendable aprender catalán para trabajar en Catalunya, puesto que el conocimiento del idioma abre puertas profesionales y personales, facilita la comunicación con muchos pacientes y, además, se trata de una lengua española que debemos cuidar.

Pero también es razonable que, de entrada, cualquier sanitario español que desee trabajar en Catalunya se plantee el catalán como un mérito y no como un requisito obligatorio. Hay una lengua común con la que podemos entendernos siempre y se recomienda el aprendizaje del catalán de forma progresiva.

Por ello, el catalán debe dejar de ser una imposición, como ocurre con el monolingüismo vehicular en la escuela catalana o con la obligación de rotular en catalán en los comercios bajo la amenaza de sanciones y multas.

Como siempre, se ha vuelto a politizar el tema. Tras una excusa victimista y el agravio como táctica política se ha orquestado una reacción desmesurada. En respuesta a una enfermera, 2.000 médicos han unido fuerzas para imponer el catalán por doquier, hablado y escrito, en el sector sanitario. También podría ocurrir lo contrario. Recordemos que, en su momento, 1.500 médicos constitucionalistas se rebelaron contra la posición del Colegio de Médicos de Barcelona a favor del ‘procés’ y de la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

En Catalunya, la administración sanitaria ha impuesto una única lengua (La meva salut) y no ha habido ninguna revolución por ello; de momento, el colectivo mayoritario castellanohablante está tragando. 

Álex Ramos Torre

Médico

Vicepresidente de Societat Civil Catalana

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