El auto emitido ayer por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que la más alta instancia jurisdiccional del Estado revisa el impacto de la reforma del Código Penal en las condenas a los líderes del proceso independentista, mantiene que la supresión de la sedición y la rebaja del delito de malversación erosionan la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional como el acontecido en Cataluña en 2017, tal comoyaadvirtió la Junta Directiva de Societat Civil Catalana en el comunicado emitido el 11 de noviembre de 2022.

Dado el impacto que la reforma exprés del Código Penal puede tener en el futuro para unos ciudadanos que, cinco años y medio después, aún sufren las secuelas sociales, económicas y emocionales de unos hechos traumáticos, la presidenta de Societat Civil Catalana reitera que “esta reforma del Código Penal constituye un error de gravísimas consecuencias que debilita los pilares del Estado de derecho”.

El delito de desórdenes públicos no sustituye al derogado delito de sedición. “Hay que impedir que cuando el separatismo vuelva a embarcarse en un desafío a la legalidad y a la convivencia entre españoles, y lo hará antes o después, se encuentre con un Estado debilitado que carecerá de algunas de las herramientas básicas para defender su integridad”, sostiene la presidenta de SCC.

“Un nuevo proceso de ruptura y la fractura social sin precedentes que provocó quedarían hoy impunes”, lamenta la presidenta de la asociación, quien recuerda que el nacionalismo es insaciable y la estrategia del apaciguamiento se ha demostrado inútil a lo largo de la historia: “Las cesiones al nacionalismo erosionan la fortaleza del Estado y nos dejan en la indefensión a cientos de miles de catalanes que durante años hemos luchado por una Cataluña con unos estándares de calidad democrática equiparables a los del resto de España”.