El Tribunal de Cuentas celebra este viernes una audiencia previa en el proceso para decidir si una treintena de dirigentes independentistas deben devolver 5,4 millones por los gastos indebidos del procés. Una causa que se mantiene viva gracias a la acusación particular de Societat Civil Catalana.
-Después de que la Abogacía del Estado se retirara, ustedes mantuvieron la acusación…
-Con el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 también nos presentamos y ganamos. Por eso, consideramos en la junta de SCC, pese al riesgo económico que una derrota puede suponer para la entidad, que era nuestra obligación ética intentar que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Consideramos que el gobierno nacionalista de Carles Puigdemont debe rendir cuentas por el dinero público que malversó. En una situación tan anormal como la que se vive en Cataluña, con la Generalitat avalando a los presuntos malversadores y afirmando que no perjudicaron a los catalanes y sus instituciones, era una obligación moral y un acto de dignidad ser parte demandante.
-¿Sin la malversación hubiera sido posible el golpe en Cataluña?
-La malversación es un eje esencial del procés. Se ve en la ausencia de la neutralidad de las instituciones públicas catalanas, que no solo se niegan a ser parte de la demanda contra unos servidores públicos que utilizaron sus cargos en detrimento de las instituciones, sino que son parte de ese proyecto contra el orden constitucional.
-¿Teme que la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC tumbe la causa en el Tribunal de Cuentas?
-Con los cambios legislativos respecto a la sedición y la malversación que ha impulsado el Gobierno puede que si no fuera por esta iniciativa de SCC ni se considerara que el independentismo malversó en 2017 y que, por tanto, devolver el dinero. El Gobierno está tomando decisiones de calado con una ligereza preocupante. Sabemos la trascendencia, pero no cuáles serán sus consecuencias, así que vamos a seguir con nuestra acusación porque estos dirigentes nacionalistas fueron condenados por un delito grave y la malversación es evidente. De lo contrario, se enviaría un mensaje de impunidad a la corrupción política, de que puedes malversar sin que pase nada.
-Para la junta de SCC mantener la acusación tiene un riesgo económico importante, no es un brindis al sol.
-Creemos en el Estado de derecho. El caso del 9-N lo ganamos con costas. En caso de perderlo ahora el patrimonio personal de cada uno de los miembros de la junta se vería seriamente afectado. Me atrevo a decir que es un gesto valiente porque compromete y afecta también a nuestros familiares. Es un gesto de civismo y generosidad para que los cabecillas sediciosos paguen sus actos.
-ERC ha trasladado de la mano del PSOE la inestabilidad del parlamento catalán al Congreso. ¿Estamos ante el procés español?
-Esta estrategia de ERC nunca la ha escondido. El nacionalismo catalán es el primer responsable de esta situación, pero por otra parte los partidos con responsabilidad de gobierno deberían pactar entre ellos todo lo que tenga que ver con la integridad y la estabilidad institucional en España. No es una cuestión de cesiones, sino de una defensa de la estructura del Estado. No es lógico que leyes fundamentales se pacten con aquellos que quieren romper nuestra democracia y esperan otra oportunidad para intentarlo. Por eso, SCC pide al Gobierno y a la oposición que actúen como estadistas y recuperen el consenso.
-¿Y qué papel debe tener el constitucionalismo civil?
-Hay desmovilización y desmoralización. El abandono por parte del Estado a Cataluña y sus ciudadanos sucede desde hace cuarenta años. El supuesto apaciguamiento del que habla el Gobierno pasa por inculcar los derechos de los mismos de siempre. No hay ganas ni de salir a la calle porque la gente teme que si aparece en la televisión pueda perder el trabajo o tener problemas. Esto es así. Si los grandes partidos no hacen todo lo posible para movilizar al votante constitucionalismo, ilusionarlo con un proyecto, el nacionalismo seguirá gobernando Cataluña.
-Luego está la cuestión de la consulta. ERC dice que será inevitable. El PSOE que no se celebrará.
-Es fundamental el respeto al estado de derecho. Tenemos una Constitución que es moderna y garantista, mucho más abierta que la de otros países y que ya fija de forma clara que los ciudadanos españoles somos soberanos sobre cualquier decisión que tengan que ver sobre la integridad de España. Por lo tanto, nosotros respetaremos todo lo que se pueda trabajar dentro de este marco. Todos nos podemos sentir cómodos, unos elegirán una cosa, otros otra. Lo que no entiendo es que se pretenda un encaje de Cataluña en el conjunto de España en el que se pueda conculcar el principio de soberanía del ciudadano español.
EL MUNDO. Entrevista: Iñaki Ellakuría.
Elda Mata: «La malversación fue el eje del golpe en Cataluña, no se puede avalar la corrupción»