El Tribunal de Cuentas ha desestimado el argumento de la inmunidad esgrimido por la defensa de Carles Puigdemont y ha rechazado suspender el procedimiento que se sigue en su contra por malversar dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la acción exterior de la Generalitat. 

La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, Elena Hernáez, se ha pronunciado así en la vista previa celebrada esta mañana en el Tribunal de Cuentas, en la que la defensa de quien fuera presidente de la Generalitat ha insistido en su condición de eurodiputado y en la supuesta inmunidad que ésta conlleva.

Sociedad Civil Catalana, que ejerce acusación en la causa, ha pedido al tribunal que no tuviera en cuenta la petición de Puigdemont dado que, en palabras del responsable de la dirección jurídica del procedimiento, Juan Chapapría (CEO del bufete Chaparía-Navarro&Asociados),Carles Puigdemont «no goza de inmunidad» al no acreditarse su condición de eurodiputado. La Fiscalía también se ha opuesto al argumento de la inmunidad. Además de Puigdemont hay más de una treintena de demandados por malversación contable. Sus defensas han intentado suspender la causa, pero finalmente se ha impuesto el criterio jurídico defendido por los representantes legales de SCC.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender el juicio, como pedían las defensas de los acusados, y mantiene el proceso contra los impulsores del procés. Societat Civil Catalana (SCC) demandó ante el Tribunal de Cuentas a once ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña para que devuelvan al erario público los más de 5 millones de euros que malversaron en la organización del 1-O y en propaganda internacional. Los demandados son: los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y LluÍs Puig.

La presidenta de SCC, Elda Mata, ha subrayado que la asociación actúa cumpliendo su “deber cívico” para “defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes” y ha recordado que , durante años, el gobierno catalán actuó con «impunidad» destinando millones de euros «a acciones para las que no tenía competencia ni legitimidad».

MADRID. 16/12/2022. FOTOS: BUFETE CHAPAPRÍA-NAVARRO&ASOCIADOS