Desde el separatismo se ha filtrado la trama de escuchas realizadas a dirigentes independentistas. Somos conscientes que se ha hecho buscando airear un pretendido escándalo para buscar foco de atención, ahora que ya no se les hace mucho caso y están peleados entre ellos.
El debate se está centrando en por qué el CNI, con 3.000 espías en su plantilla, se dedican a espiar. Menuda ironía, a mí precisamente me preocuparía lo contrario, si se dedicasen a otra cosa que no fuera a espiar. Y razones no faltaban si nos remontamos al periodo 2017-2019: intento de subvertir el orden legal y el estado de derecho con las leyes del 6 y 7 de septiembre, golpe de estado frustrado a partir del 1 de octubre y movimiento insurreccional tras las sentencias condenatorias en octubre de 2019, con Barcelona ardiendo durante una semana, intento de ocupación del aeropuerto del Prat, marcha pseudo-fascistas a Barcelona y corte de la autopista AP-7.
Es misión de nuestra inteligencia conocer, investigar y aportar al poder ejecutivo la información oportuna para actuar ante ataques a nuestra democracia y al orden constitucional. Es decir, el CNI debe espiar para protegernos. Es su razón de ser. Y como se ha realizado con las debidas autorizaciones judiciales, todo en orden. Las instituciones y los organismos del estado funcionan para asegurar nuestro bienestar, como en cualquier estado moderno y democrático.
Ahora bien, mi preocupación como ciudadano constitucionalista es saber qué es lo que tramaba y negociaba Puigdemont y “su banda” con el régimen de Putin. ¿Qué ofrecían y qué vendían para obtener qué tipo de apoyo? Esto es lo que deberíamos preguntarnos y exigirle al gobierno.
Si, como sospechamos, son cuestiones susceptibles de delito, deben iniciarse los procedimientos judiciales y policiales, e informar a la ciudadanía de ello. ¡Queremos saber!
Jorge Fernández-Argüelles
Consultor Estrategia, CI Partners
Miembro de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, vocal de Territoriales