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18 de abril de 2022
Elda Mata: “¿Crisis del procés? Es una estrategia para desmovilizar al constitucionalismo”

LA RAZÓN

Elda Mata pilota una nueva etapa al frente de Societat Civil Catalana, la entidad referencia del constitucionalismo. Empresaria gerundense, apela a la movilización ciudadana en Cataluña.

¿Qué objetivos se fija en esta nueva etapa al frente de SCC?

La situación con los gobiernos nacionalistas nos ha llevado a la decadencia en la que estamos ahora. Por lo tanto, el objetivo principal es revertir la situación en Cataluña, que haya un Gobierno constitucional, leal, fiel al Estatut. Con una estrategia basada siempre en el respeto entre las personas, a la ley, al marco de convivencia que nos dimos hace ya más de 40 años, con la convicción de que el ciudadano es soberano en toda España y que no hay catalanes de primera y de segunda. Si no cambia la situación, en un marco de inseguridad jurídica como el que hay ahora, ya sabemos cuál va a ser el resultado: hemos ido perdiendo importancia económica y cultural, y creando división y pobreza. Está claro que los que más sufren no son los que han instigado el procés.

¿Cómo? ¿Cuál es su estrategia?

Haciendo de sociedad civil catalana: potenciándola al máximo, haciéndola lo más grande posible para dar voz a todos los que no la tienen por miedo, por situaciones que se dan en Cataluña, dejada de la mano de Dios en cuanto a la legalidad. Potenciando la estructura, los procesos internos, el rigor y la rendición de cuentas.

El constitucionalismo está más desmovilizado en la Cataluña interior. ¿Es un reto pendiente?

Por supuesto, porque los constitucionalistas perdemos las elecciones en la periferia y no en el área metropolitana. Debemos explicar lo que vemos desde la sociedad civil desde la mayor lealtad y sinceridad. El otro día llegaba a Barcelona en tren desde Gerona y había un grupo de unos ocho jubilados que comentaban que estaban hartos de los dirigentes independentistas, que solo miraban por su bolsillo, y que no les iban a votar más. Yo no sé si será verdad o no, pero nosotros tenemos que ilusionar a los demás. El 14-F se quedaron 600.000 independentistas en casa, pero también 700.000 votantes constitucionalistas. Desde SCC, prestaremos toda la colaboración para que haya un cambio constitucional, una Generalitat neutral y leal.

¿Habla de deslealtad del Govern Aragonès?

Es desleal. Nos tienen invisibilizados, no contamos para nada. Los ciudadanos que somos constitucionalistas, que somos mayoría en Cataluña ¿en qué mesa estamos? Es una dejación de responsabilidades enorme.

¿No se sienten representados en la mesa de diálogo, ni por la parte del Gobierno?

No, entendemos que es un foro más, en este caso de algunos partidos. Hay otras herramientas institucionales como la Bilateral o las reuniones con otras comunidades a las que el president de Cataluña no va. Eso también es deslealtad institucional y deslealtad a los ciudadanos, cuando el señor Aragonès no recibe al Rey como jefe de Estado o se permite el lujo de plantar al presidente de Volkswagen nos perjudica. Todo tiene consecuencias para nosotros, es una falta de respeto.

¿Están el procés y el independentismo en crisis como indican las encuestas?

Pongo en «stand by» las encuestas elaboradas por el propio Govern. Sí creo que hay una estrategia montada para hacer ver que aquí no pasa nada: no que queman contenedores y parece que en la Diada se moviliza menos gente. Se intenta desinflamar una situación, en mi opinión, por un tema absolutamente estratégico: desde el momento que tú desinflamas, desmovilizas al votante constitucionalista. Si fuese verdad esa normalización de la situación, volvería alguna empresa a Cataluña. Estamos en los tribunales como acusación por la malversación de fondos del 1-O, estamos defendiendo que se cumpla la sentencia del 25%. ¿Es normal que lo tengamos que hacer nosotros? ¿Es normal que el señor Cambray diga que no va a cumplir y que a partir de ahora habrá más catalán en las escuelas?

¿Debería el Gobierno instar a la ejecución forzosa de la sentencia del 25%?

La Abogacía del Estado debería pedir al TSJC la ejecución de la sentencia. De este modo cumpliría con su obligación de hacer cumplir el estado de derecho, pero también disminuiría la litigiosidad. Si la Abogacía no pide la ejecución deberemos ir las entidades centro a centro. No dude que lo haremos.

¿Qué le parece la reforma lingüística que el independentismo busca pactar con el PSC y los comunes para dar respuesta a la justicia?

Es un documento pactado entre una serie de partidos. Yo lo desvinculo del cumplimiento de la sentencia, que es muy clara: habla de porcentajes, lenguas cooficiales y marca muy claramente los parámetros que hay que seguir.

¿Se señala a las personas por hablar en castellano?

Ahora y hace 35 años, pero se ha mirado hacia otro lado. Yo vivo en Gerona y a mí me han señalado por la calle y no solo ahora, cosa que ya es una total anormalidad en un estado democrático. Es nuestra lengua, ¿cómo puede ser? Hace cuatro días que ha abierto un restaurante aquí abajo, ¿es normal que le monten dos escraches por no tener la carta en catalán? Hace 35 años, a mis hijos una determinada profesora ya les preguntaba qué hablaban en su casa.

LA RAZÓN. Entrevista: Cristina Rubio. Fotografía: Miquel González.

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