Societat Civil Catalana ha registrado esta mañana en el Tribunal de Cuentas una demanda contra 11 exaltos cargos de la Generalitat, a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional del Procés al margen de las competencias estatutarias de la Generalitat.
Los incausados en la demanda son Carles Puigdemont (3.303.000€) , Oriol Junqueras (2.515.000€), Artur Mas (1.840.000€), Raül Romeva (617.000€), Dolors Bassa (1.301.000€), Francesc Homs (1.936.000€), Toni Comín (1.134.000€), Clara Ponsatí (900.000€), Jordi Turull (505.000€), Neus Munté (338.000€) y Lluis Puig (238.000€), a los que se acusa de uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a «observadores» de la consulta ilegal o contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos.
Elda Mata, vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, ha asegurado ante el Tribunal de Cuentas que la asociación actúa cumpliendo su «deber cívico» para «defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes». «Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial».
La vicepresidenta de SCC ha remarcado que en una democracia moderna no corresponde solo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos, sino que «la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos». Societat Civil Catalana será la única acción pública en esta causa, en la entidad y los miembros de su Junta Directiva se juegan centenares de miles de euros en costas. Mata ha querido finalmente agradecer el empeño de Manuel Miró, responsable jurídico en la Junta de SCC, que ha coordinado en nombre de la entidad la preparación de esta acción judicial. La vicepresidenta ha querido valorar también el trabajo que tanto Miró como el abogado Manuel Zunón llevaron a cabo en el Tribunal de Cuentas por el 9 de Noviembre y en la fase previa de este juicio.
La demanda la ha firmado el letrado Juan Chapapría (en la fotografía superior junto a Elda Mata), socio del Bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que se ha encargado de la preparación y redacción de la demanda. Chapapría ha subrayado que SCC continuaba su línea de actuación y fiscalización del gasto público a través del Tribunal de Cuentas, como ya hizo en relación con el 9 de noviembre. En este caso, la demanda parte de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, que trasladaba al Tribunal de Cuentas la cuantificación de las malversaciones por el 1 de octubre.
El abogado ha querido resaltar que se ha llevado a cabo un «largo y riguroso trabajo de análisis de todas las partidas (contenidas en más de 34 gigas de documentación)», que ha durado meses. Se ha optado por acusar finalmente a los responsables públicos y responsables últimos de las decisiones cuya participación se ha podido documentar y catalogar claramente, siguiendo también las propias Actas de Liquidación del propio Tribunal. En este sentido, la entidad ha seguido el mismo criterio que mantuvo en el juicio del 9 de noviembre, confiando en que fiscalía, con más medios técnicos, pudiera delimitar también el grado de responsabilidad de los actores intermedios y funcionarios.
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