Desde Societat Civil Catalana acusamos a la Generalitat de Catalunya de haber convertido el catalán, la lengua materna del 40% de los catalanes y lengua querida para todos, en una lengua del poder, una lengua de imposición antipática.

La deriva ultranacionalista de los últimos gobiernos de la Generalitat, que se ejemplifica en las multas lingüísticas, los señalamientos a los profesores que no imparten la docencia en catalán o a los comercios que no rotulan o se comunican en catalán, así como la creación de comités escolares para controlar el catalán dentro y fuera de las aulas, ha dado lugar a que la lengua catalana sea vista de forma creciente como una lengua inquisitorial, fruto de la obsesión nacionalista, que nos recuerda a tiempos pasados de opresión y control social.
Creemos que con estas decisiones se pueden estar vulnerando derechos fundamentales y constitucionales de las personas y hasta de los menores de edad y nos reservamos una acción judicial decidida frente a ello, sus impulsores y ejecutores.

Son muchos los derechos que el Ejecutivo catalán está coartando: el derecho del menor a estudiar en su lengua materna, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la libertad educativa y comercial, etc. No toleraremos que se atente contra los derechos civiles y las libertades públicas de los catalanes.

Una vez más queremos expresar nuestro compromiso con el patrimonio lingüístico de Cataluña; catalán, castellano y aranés, como gran riqueza cultural y cívica de nuestra tierra y como un patrimonio que debemos cuidar y potenciar entre todos desde la libertad, el respeto y la convivencia lingüística.

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